La falta de información implicaría una mala praxis en cuanto a dos puntos de vista muy distintos: la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Para ello, primero hay que poder determinar siempre si la inexistencia del consentimiento informado constituye por sí misma un daño indemnizable, o bien si, por el contrario, para que surgiese obligación de indemnización fuera necesario que el paciente hubiera sufrido algún tipo de lesión o perjuicio.

La línea de doctrina jurisprudencia en cuanto a las consecuencias derivadas para el sanitario o profesional por falta de información al paciente no son necesariamente las mismas que resultarían por una mala praxis. En este sentido, debe existir siempre una relación de causalidad en estos supuestos de omisión de consentimiento informado entre la omisión de la información y la posibilidad de no haberse sometido al acto sanitario no informado.

La responsabilidad por falta de información se modula en función a la clase de intervención que haya realizado el profesional. Es decir, si se trata de una intervención necesaria/ asistencial o es una intervención voluntaria/satisfactiva. La responsabilidad es más rigurosa en la segunda que en la primera, dada la necesidad de evitar que se silencien riesgos exponenciales de conocimiento, por los cuales el paciente podría decidir, tras recibir dicha información, no someterse al tratamiento que tenía pensado, relativizando así la necesidad o no del mismo.

El daño que fundamentaría la responsabilidad resulta de haberse omitido la información previa al consentimiento y de la posterior materialización del riesgo previsible del tratamiento, privando así  al paciente de una toma de decisiones sensatas y reales que afectan directamente a su salud. En cualquier caso, resultaría condición necesaria para establecer una suma indemnizatoria por omisión de consentimiento informado si se acredita algún daño a causa de la falta de información, ya que de lo contrario no se podría proceder a ninguna indemnización. Es decir, la falta de información no es per se una causa de resarcimiento pecuniario, salvo que se haya originado un daño derivado del tratamiento realizado, evitable de haberse producido.

En aquellos casos en los que, de no haber existido una correcta información al paciente, este hubiera decidido no someterse al tratamiento, la jurisprudencia otorgaría una indemnización íntegra al daño no informado siempre que éste se materialice.

Y por último, para los casos en los que sí existió una información previa sobre el consentimiento informado y la decisión del paciente podría haber variado, jurisprudencia aplica la teoría de la pérdida de oportunidad. Es decir, la indemnización debería cuantificarse en función del valor de la pérdida de probabilidades sufridas por el paciente.